Por Sin Reservas
Los fondos para la construcción de edificios u otras propiedades de exfuncionarios de Danilo Medina, en su mayoría no tienen como justificarlos, y deben ser objeto de investigación por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Pero lo que provoca más indignación no es eso, sino que también los han adjudicado con contrato de alquiler al Estado para instalar sedes de instituciones gubernamentales a precio onerosísimo.
Entre estos tenemos:
A Miguel Vargas, que le pagan 12 millones de pesos mensuales (RD$12,000,000.00), por el edificio donde está la Unidad de Electrificación Rural Sub-urbana (UERS), en la que está detrás del supermercado Nacional de la Avenida Abraham Lincoln.
El pago de más de 20 millones de pesos mensuales (RD$20,414,238.96) a Freddy Pérez, (aunque se habla de 24 a 26 millones) donde está alojado el Ministerio de Industria y Comercio (MICM), en la Avenida 27 de Febrero, entre la calle Doctor Defilló y avenida Winston Churchill.
Ya nosotros hemos perdido de nuestros impuestos en los 53 meses transcurrido desde que se está pagando este alquiler 1,082 millones de pesos -votados- por un inmueble que no tiene las condiciones, entre ellas parqueos.
Este contrato fue firmado por el preso de confianza de Danilo Medina, Temístocles Montás, el 24 de enero del año 2017 y el plazo de vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2036.
En el Ensanche Naco, detrás del Banco Nacional de la Vivienda, está el Ministerio de Energía y Minas, en un local alquilado.
Asimismo en la Avenida Privada, esquina Avenida Rómulo Betancourt, está Edesur, en un Edificio alquilado.
También se denunció que el Ministerio de Administración Pública (MAP), pagaba alquiler por un edificio de Francisco Javier García, lo que fue desmentido.
Ahora bien, el MAP debería dar detalles de como y a quien «nosotros» le compramos ese edificio, y si mencionar a un miembro del Cartel Medina-Montilla, fue para hacerle más daño.
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